La presentación de un proyecto de Ley de Comercio Interior en 1993, por el grupo parlamentario de Convergencia y Unió (CiU), como primera propuesta de la presente legislatura, indicaba ya la atención creciente por un sector que, desde hacía ya bastantes años, demandaba una mejor y más actual ordenación legal de su actividad, sobre todo tras las profundas mutaciones del mercado español registradas en el último decenio.
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