Entre la promulgación de la Constitución Española de 1978 y la entrada en vigor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, hay que rastrear en la búsqueda de los orígenes de la legislación consumerista en España, cuyo botón de muestra más significativo es el Real Decreto 1945/1983, por el que se regulan "las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria".
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