En los últimos tres años hemos asistido a un intenso debate político, jurídico y económico en la mayoría de los países que componen la Unión Europea en torno a la existencia o no de problemas derivados del alargamiento de los plazos de pago para el funcionamiento y supervivencia a largo plazo de las empresas afectadas, la realización del mercado interior y, en definitiva, para la eficiencia del sistema económico en su conjunto.
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