Según declara expresamente el preámbulo de la nueva ley, la finalidad última que persigue la reforma que se acomete a su través es la de ayudar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos, como pieza básica de una política de vivienda encaminada a conseguir la efectividad del principio enunciado en el artículo 47 de la Constitución Española, según el cual todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.
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